La propaganda de Zibechi. Noveno comentario

‘Esto quiere decir que las Juntas “gobiernan” entre aquellas familias que se definen zapatistas, que forman parte del mandar obedeciendo. Es una lógica bien distinta a la del Estado, que se resume en el monopolio del uso de la fuerza en un territorio determinado (Weber, 1964). En este caso, el poder en sus tres escalones (comunidad, municipio y Junta de Buen Gobierno) no reivindica ningún monopolio del uso de la fuerza, ya que el Ejército Zapatista está subordinado a las comunidades y tiene funciones defensivas. Ese monopolio estatal de la Fuerza Armada, administrada por una burocracia militar-civil, es el núcleo del Estado-nación. Pero, ya hemos visto que los zapatistas renunciaron a mandar; su objetivo es obedecer y que manden los pueblos. Lo hacen por convicción, no por impotencia, o porque tengan un objetivo “oculto” de mandar todo el territorio aunque ahora no tengan la fuerza para alcanzarlo. Contra la homogeneidad y la hegemonía, prácticas de corte estatal, apuestan a la diversidad…’ (p. 415).

Zibechi, Raúl (2018). Entre la emancipación y el colapso sistémico: Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías. Lima: Colectivo Tejiendo Saberes.


Es impresionante la cantidad de desinformación que puede haber en tan solo un párrafo (o parte de uno). Imagina todo un libro…

Admito que no he tenido la oportunidad de leer a Weber a cabalidad, pero aquella cita es harto conocida en las ciencias sociales. No puedo aventurarme a explicar a Weber, ya que necesitaría leer el texto completo y entenderlo. Sin embargo, por cómo lo veo, Zibechi ha hecho un uso muy conveniente de una cita (independiente de su contexto) para sustentarse a sí mismo. Y lo gracioso es que se trata de un pensador europeo, de Alemania específicamente, cuando su postura es de rechazo hacia Occidente.

Lo que dice la cita de Weber, sin embargo, no debería generar ninguna sorpresa. Tanto la policía como las fuerzas armadas están a cargo del Estado. Si enfocamos ello desde la idea de una “economía de mercado”, como tales instituciones no están bajo responsabilidad de nadie más, es lógico concluir que hay un monopolio en el uso de la fuerza. Ahora, Weber emplea “uso”, y ello podría abrir un nuevo debate. ¿Se está aplicando la “fuerza” sobre nosotros, la población? En realidad, no. Al menos, yo no lo siento así. Quizá, alguien que se siente colonizado (sin estar colonizado) pueda percibirse aplastado por una “fuerza” estatal. Para los demás, está el entendimiento de que el Estado se compone de una serie de políticas, leyes y demás normas creadas y actualizadas continuamente para proporcionar bienestar al país en la más amplia variedad de formas en que trabaja un Estado, en especial uno democrático. Más allá de que algunas formas de este bienestar estén directamente relacionadas con el uso de la fuerza (física) —por ejemplo, la lucha contra la delincuencia y el crimen y la defensa del país frente a agentes agresores extranjeros—, es entendible que el Estado incluye los mecanismos de control que permitan hacer respetar la Ley, la cual puede contener sanciones en caso de incumplimiento. Los Códigos Civil y Penal juegan un rol crucial aquí. Los corruptos, por ejemplo, deben por pagar su podredumbre según el castigo que el Poder Judicial les imponga basado en la normativa correspondiente.

Entonces, el “monopolio de la fuerza” se activa cuando corresponde activarse, no se trata de una “reivindicación”. Por supuesto, no hay Estado ni democracia perfecta. Y si Zibechi quiere proclamar que el zapatismo es el modelo celestial de la convivencia, pues será un indicio claro de que, o está pecando de iluso (no es ninguna alusión a la organización zapatista, sino a la inexistencia de la perfección política y del modus vivendi), o está escupiendo más propaganda.

Ahora, vayamos al “mandar obedeciendo”. Suena “bonito”. Es como la investigación-acción. Se investiga en el proceso de hacer, de participar. Entonces, puedo entender que se manda en el proceso, o acto, de obedecer. No obstante, el sonar “bonito” no habla de una realidad, ya que son dos acciones separadas: puedo mandar sobre unos aspectos luego de haber obedecido que debo mandar sobre dichos aspectos. La idea al interior de una democracia es análoga: se toma decisiones de política pública a partir de las problemáticas estudiadas en la población, y es aquí donde se recoge la voz de esta. No podría haber política pública sin la población. Es verdad que los Estados, en determinadas ramas, avanzan con retraso; sin embargo, ello no invalida a los procesos que sí se hayan llevado a cabo como se esperaría. Al fin y al cabo, la democracia es para la población, no para los políticos.

En ese sentido, aspirar a la democracia y su mejora continua es una convicción. Proteger la democracia es una convicción. Por ello, no se entiende el término “impotencia” como un motivo para actuar de una u otra manera. Y mucho menos, el que pueda haber un “objetivo oculto” de “mandar todo el territorio”. Hay una gran pobreza conceptual en la crítica de Zibechi. En principio, el territorio ya está allí, delimitado y protegido. Se administra desde una organización que se llama Estado, desde el cual se toman decisiones que tienen una afectación sobre todos sus rincones. Entonces, no podría haber un “objetivo oculto” de “mandar todo el territorio”. Existe una administración que se establece sobre todo el territorio, y esto no es nada oculto.

Asimismo, ¿qué sería ello de “aunque ahora no tengan la fuerza para alcanzarlo”? Es decir, ¿está diciendo que el zapatismo busca llegar a extender su modelo sobre todo el territorio? ¿Les está atribuyendo ese objetivo? ¿Una idea así no iría en contra de todo lo que el autor pregona sobre el zapatismo y estaría, a su vez, favoreciendo aquello mismo que critica?

Finalmente, atribuye al Estado la homogeneidad y la hegemonía. Sobre la hegemonía, indudablemente la tiene. Incluso, a pesar de la verborrea que hacen los neoliberalistas de tener un “estado pequeño”, el hecho de que la legislación y su supervisión partan del Estado le seguiría dando hegemonía en el país. La Constitución y las leyes son sinónimo de hegemonía, y eso lo tiene el Estado. Tener la hegemonía, por cierto, no tiene que ser intrínsecamente malo, como Zibechi parece proponer. Son los actos de gobierno, los parlamentarios y los judiciales los que definen los caminos que toma dicha hegemonía. Si nos vamos a un gobierno dictatorial y opresivo, podemos tranquilamente afirmar que dicha hegemonía debe ser transformada tomando, como primer paso, la remoción de sus gobernadores por vías democráticas. Pero los gobiernos también pueden ser democráticos de arranque y promotores del desarrollo del país, por lo que la hegemonía tendría un rostro distinto. Cabe agregar que no se trata, tampoco, de blancos y negros. La imagen que intento comunicar es que la hegemonía, como característica, no es algo que deba rechazarse de antemano, sino ver primero en qué y cómo se aplica.

El otro punto es la homogeneidad, una mirada bastante reduccionista del autor. ¿El Estado busca la homogeneidad? Depende del escenario. Si hablamos del marco legal, dependiendo del mecanismo o procedimiento regulado, podrá buscarse la homogeneidad para todo un país, o también se elaborará leyes para regular aspectos específicos de la vida en dicho país. Si hablamos del ámbito administrativo, es de esperar que se busque una homogeneización a lo largo del país, ya que ello permite ganar eficiencias por medio de la estandarización operativa y una transferencia de conocimientos más fluida, todo lo cual redunda en un mejor servicio al ciudadano.

No obstante, ello no impide que haya regulaciones distintas según los diversos espacios geográficos en el país y sus características. En un estado unitario como el peruano, por ejemplo, existe lo que se conoce como regiones, cada una de las cuales tiene su propio gobierno (regional) y, en un nivel inferior, los gobiernos locales (provinciales y distritales). Esto existe porque cada espacio tiene particularidades propias que la municipalidad correspondiente podrá atender con conocimiento de causa. Por su parte, el gobierno central, o nacional, donde la presidencia y los ministerios están a la cabeza, es el que establece la política general del Estado, las políticas sectoriales, multisectoriales y el planeamiento estratégico, el cual se retroalimenta de los distintos niveles de gobierno y se despliega a través de estos y los ministerios.

Este es el funcionamiento a grandes rasgos. Lo que se busca es tener un país integrado organizacionalmente para aspirar a realizar el esfuerzo más efectivo en aras del desarrollo de la población desde una perspectiva multidimensional. Un estado federado, por su parte, tiene sus propias características y, puedo imaginar, sus propios tipos de problemas, aparte de los comunes.

En sí, la única homogeneidad que promueve (o, al menos, se espera que promueva) un Estado (democrático) es la integración a la idea de nación sin que las individualidades se pierdan. Por supuesto, no siempre las medidas administrativas y de gestión que se tomen serán las mejores (y sin duda deben estar sometidas a una mejora continua), pero la aspiración aquí es lograr la identificación con el ideal de país. En ese camino, se respeta a las comunidades que, voluntariamente, deseen mantenerse aisladas (esto sucede en Perú en zonas de la Amazonia). Aun así, dicho respeto implica una protección como responsabilidad, no un olvido. Y, si se falla por el clásico “estado ausente”, pues el único camino que queda es seguir impulsando la transformación social y política desde los distintos actores de la sociedad. El ideal lo construimos día a día, ¿acaso no es así?


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