Auge y caída, oportunidad perdida

El séptimo artículo para el New York Daily Tribune en el asunto de las revoluciones en España del siglo XIX fue publicado el 1 de diciembre de 1854.

El título de este post hace referencia, cómo no, a la primera etapa de la Constitución de 1812. Una serie de circunstancias favorables influyeron en la formación de su contenido, pero estuvo condenada a «perder» desde un principio.

La reunión constituyente en Cádiz para conformar las Cortes acarreó una postura predominantemente progresista, si bien hubo, también, una oposición. Tal conformación, sin duda, no fue carente de inconvenientes para todas las partes en su traslado a Cádiz, una ciudad considerada por el autor como la más radical del reino. Fue una conformación a destiempo, abarcando reemplazos que terminaron favoreciendo una mirada más reformista para el futuro español. Incluso, la primera sesión de las Cortes estuvo principalmente constituida por la representación de Cataluña y Galicia, las dos provincias más democráticas del país, de lo cual podía esperarse, a mi juicio, un menor apoyo a un gobierno de raigambre más monárquica.

Tampoco faltó el correr de los intereses en juego entre los tres partidos presentes: los serviles, los liberales y los americanos (es decir, españoles por las colonias, en mi interpretación, nacidos allí o no; no se especifica en el texto). Si bien estos últimos estaban más preocupados por los decretos que podían alcanzar a las colonias, por lo cual buscaban su mejor posicionamiento, los primeros, que eran los más numerosos e incluían a la representación de la Iglesia católica, requerían de alianzas con los liberales, quienes destacaban por su dinamismo. Cabe recordar que se estaba en una época donde no solo la Junta Central se encontraba baja en popularidad, sino también la Iglesia misma.

La propuesta de los liberales estaba más en consonancia con el deseo de cambio de una población representada, en ese momento, por la de Cádiz. Es así que los diputados eclesiásticos se mostraban dispuestos a ceder frente al lado más democrático de los liberales en determinados aspectos con el fin de recuperar su imagen frente a dicha población. A pesar de ello, internamente, no se perdía la prioridad de luchar por los intereses de la Iglesia. Los propios liberales se vieron en la necesidad de aliarse con los serviles, ya que, como dicta el conocimiento general, en política es lo que se busca para sacar adelante una agenda.

Un tema controversial fue el de la libertad de imprenta, la cual era considerada por la Iglesia como contraria a la religión. Los debates suscitados produjeron una enmienda a la declaración inicial de las Cortes, que establecía que todos podían escribir y publicar sus ideas sin necesidad de licencia. De aquí, tal libertad se vería reducida y, además, se sometía a la censura de las autoridades eclesiásticas a los escritos sobre asuntos religiosos. Hubo, también, decretos de castigo contra quienes conspiraran contra la Constitución o para que los españoles no profesaran la religión católica. Asimismo, como compensación a la abolición del voto de Santiago, se proclamó como patrona de España a Santa Teresa de Jesús.

A pesar de las compensaciones que nacieron del juego de poder entre los serviles y los liberales —quienes, a mi buen entender, estaban en una mejor posición—, no se evitó la abierta oposición de la Iglesia, tanto dentro como fuera de las Cortes, cuando los segundos empezaron a implementar otros lineamientos de la Constitución que, en efecto, perjudicaban sus intereses, como la abolición de la Inquisición, por ejemplo. No obstante, no fue solo tal oposición el motivo de la corta vigencia de la Constitución de 1812, como veré a continuación.

Marx no guarda la mejor opinión para la actitud de la población a la llegada de Fernando VII a Valencia el 16 de abril de 1814, la cual le aclamó por el retorno de su gobierno monárquico como había sido en el pasado y por ver caída la Constitución. Tanto se expandió la efervescencia, que la población empezó a forzar cambios en diversos puntos de España. Un ejemplo parte de que, en las plazas mayores de las grandes ciudades, se había colocado una lápida que rezaba «Plaza de la Constitución»; no obstante, en Valencia, la lápida fue retirada y, en su lugar, se colocó una tabla provisional que mostraba «Real Plaza de Fernando VII». En otro ejemplo, en Sevilla, la población logró la destitución de las autoridades vigentes y restituyó cargos del régimen antiguo, y solicitó, además, el restablecimiento de la Inquisición. En Madrid, la palabra «LIBERTAD», hecha con grandes letras y ubicada en la fachada del Congreso, fue desmantelada letra por letra con aclamaciones en cada ocasión. Por otro lado, los diarios de las Cortes y los periódicos y folletos liberales fueron «sacrificados» —para mantener el verbo de la traducción— en un auto de fe político.

Más adelante, en las elecciones generales de 1813, los serviles se alzaron con la victoria y las Cortes constituyentes fueron reemplazadas por las Cortes ordinarias, que se trasladaron de Cádiz a Madrid en 1814. Marx atribuye, sin embargo, parte de la responsabilidad del fracaso a las propias Cortes de Cádiz, a quienes consideró totalmente desvinculadas de España y sin siquiera poder dar a conocer la Constitución y sus leyes orgánicas a la población general. Una razón fue la dificultad que representaba la presencia del ejército francés. Asimismo, las Cortes se hallaron frente a una sociedad verdaderamente cansada por la guerra, llevada a cabo en el mismo país y que había durado seis años sin cese para el derramamiento de sangre.

La decepción que se llevó Madrid, que había recibido con entusiasmo la Constitución, y ante su exagerada expectativa de creer que con las reformas que implicaba iba a llegar rápidamente un cambio para sus condiciones de vida, fue grande. Y es que una sociedad cansada podía no estar preparada para entender el funcionamiento de un documento de este calibre, en el cual había puesto gran esperanza, o esperar por sus resultados en el medio y largo plazo.

La Constitución, además, perdió popularidad debido a sus propios decretos, uno de los cuales iba en contra de los españoles partidarios de Francia, los cuales habían sido impulsados por el sector de la población que se oponía, con ánimo de venganza, al mencionado país. Más de diez mil familias se vieron afectadas por las investigaciones que les fueron realizadas, los procesos a los que fueron sometidas, los encarcelamientos y una serie de medidas aplicadas a los finalmente acusados (incluyendo a quienes hubiesen aceptado cargos de los franceses, entre otros). Marx califica de «pequeños tiranos» a los ejecutores de tales decretos en las provincias.

La regencia, como señala el autor, no efectuó un proceso conciliador para gestionar la transición constitucional, sino que, intencionalmente, actuó para agravar el perjuicio a la población. Fue intencional por una cuestión muy particular: los ejecutores buscaban crear y fortalecer una mala imagen para la Constitución con el fin de sustentar su pedido a las Cortes de que la suspendan. Es decir, arteramente, generaron evidencia de que la Constitución estaba trayendo más males que bienes a la población —una acción que significa una directa traición hacia aquella—. Pero eso no es todo: las regencias estaban no solo conformadas por las Cortes, sino que sus miembros eran enemigos de estas y de la Constitución. Hasta qué punto las Cortes no lo sabían, no me es claro.

A los americanos también les convenía debilitar al poder ejecutivo, en alianza con los serviles, con el fin de que las provincias americanas se pudiesen independizar. Atribuyo este motivo a que, un ejecutivo débil, pierde capacidad de control. Y, si en su estructura dirige al ejército, peor aún. Otro decreto contrario a la imagen de la Constitución fue un impuesto sobre la renta de la tierra y los beneficios industriales y comerciales, el cual generó gran descontento. Asimismo, la prohibición de las monedas españolas acuñadas por José Bonaparte, las que debían cambiarse por la moneda nacional. De igual manera, la moneda francesa quedaba anulada y se fijó un tipo de cambio desfavorable para sus poseedores. Otra consecuencia fue, además, el encarecimiento de los artículos de primera necesidad.

Por su parte, las clases más interesadas en traerse abajo la Constitución y restaurar el antiguo régimen fueron los grandes, el clero, los frailes y los abogados, todas las cuales se esforzaron en fomentar el descontento popular resultante de la implementación de la Constitución. Tal descontento fue favorable a los serviles en las elecciones de 2013, donde salieron triunfantes, como había mencionado previamente.

Un temor adicional del rey era la posible acción del ejército, que había juramentado la Constitución. Sin embargo, uno de sus generales, Elío, y sus oficiales obviaron tal juramento y proclamaron a Fernando VII en Valencia «sin mencionar» la Constitución, como cuenta Marx. Otros jefes militares siguieron su ejemplo, y ya en 1814 un decreto del rey disolvería las Cortes de Madrid y derogaría la Constitución de 1812. De igual forma, este derogó todas las leyes que habían promulgado las Cortes y prometió, en pocas palabras, volver al deseado régimen anterior, tras lo cual actuó en consecuencia. Una de sus decisiones correspondientes fue el restablecimiento de la Inquisición. A los miembros destacados de las Juntas y las Cortes y sus partidarios los retiró de una manera u otra, incluyendo el destierro; y mandó fusilar a los jefes más destacados de las guerrillas, cuyos nombres fueron Porlier y Lacy.

Puedo ver claramente que, tanto ayer como ahora, sin el soporte de la población, instituciones fuertes y un ejército comprometido, así como la predominancia de políticos no conspirativos, toda constitución y toda ley quedan como un saludo a la bandera, como decimos en Perú.

Referencia

Marx, K. (2009). La España revolucionaria (J. del Palacio, ed.). Alianza Editorial. (Contiene escritos publicados entre 1854 y 1855).