Trabajar en salud me ha llamado la atención de una manera que no había sentido antes. Ese gusto me llevó al deseo de conocer más sobre el funcionamiento de la gestión de la salud, especialmente la salud pública, en el país. Con esa perspectiva en mente, adquirí un libro de relativamente reciente publicación en el Fondo Editorial de mi universidad, Patologías del sistema de salud peruano (2020), compuesto por un capítulo introductorio escrito por Santiago Pedraglio y León Portocarrero (Vulnerabilidades sociales y de los servicios de salud pública e impacto de la COVID-19), y tres investigaciones sobre temas particulares cuyos autores son Francisco Durand y Emilio Salcedo (Intereses, gremios y situaciones de captura del Estado en salud), Edmundo Beteta y Oliver Elorreaga (Un breve diagnóstico institucional del Seguro Integral de Salud) y Camila Gianella (El proceso de ETS en el Perú: medicamentos oncológicos para la lista complementaria del Pnume).
Cada uno de estos cuatro trabajos (el capítulo introductorio también es una investigación) muestra de manera exhaustiva, hasta donde es posible, la compleja realidad del sector Salud en el Perú. Con una bibliografía extensa, que incluye fuentes de muy diversa índole (desde la agilidad de un artículo de prensa hasta la formalidad académica de artículos de investigación, pasando por informes y otros documentos de trabajo), los autores buscan describir y analizar una problemática que se desborda por todos lados: empezando por la segmentación en la dirección de la salud (Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior) y la fragmentación en su provisión (redes de hospitales dirigidos por cada ministerio mencionado, redes de atención privadas y otros proveedores alternativos), se va desde la corrupción hasta la falta de capacidad operativa y desde la influencia política hasta la presión de los intereses privados.
No necesariamente la segmentación, que a su vez produce la fragmentación, es negativa. Sin embargo, sin una gestión efectivamente integradora de las distancias, la cual se retroalimente de la voluntad política de las partes para construir una mejor salud pública y de enfoque unificado en el país, se seguirá contribuyendo a extender las grandes disparidades de atención que existen para las personas en general.
No obstante, los intereses son fuertes; la política, aplanadora, y la corrupción, devastadora. Visualizo un panorama muy difícil para salud pública a futuro. Al menos, la única salida que encuentro por ahora, en lo personal, es que las mejoras tecnológicas sigan introduciendo e impulsando cambios que terminen por favorecer la atención en salud para las personas, que son el fin principal del sector. Lo mismo aplica al ámbito administrativo, en el sentido de seguir construyendo fortalezas frente a las malas gestiones, ya sean ineficientes o corruptas.
Pero la tecnología no lo puede todo. El debilitamiento también se profundiza si a nivel de la Presidencia no existe estabilidad. Jamás se podrá pensar a largo plazo si quien entra a la cabeza de los ministerios no solo no es una persona proba e íntegra, sino que, aun siéndolo, no pueda permanecer en el cargo. En esa línea, si un gobierno prioriza el rédito político y adolece de un manejo público-administrativo pobre, no habrá un rumbo, y hasta los mejores ministros y ministras tenderán al fracaso.
Al final, a la población, especialmente aquella que se beneficia de los seguros de salud administrados por el Estado, solo le quedará tomar lo que haya, incluso cuando el sector público no carezca de potencialidades, pero sí de gestiones que estén interesadas en comprarse el pleito para forzar los cambios que el país necesita. Es complejo, quizás mucho, pero no imposible.
Un buhito en la montaña 